Es un craso error político combatir a las fake news con verdades oficiales amparándose en la lucha contra la desinformación. En 2015, una parte del equipo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid ya intentó poner en marcha lo que en la práctica podría haber acabado siendo un “ministerio de la verdad”, o incluso “de la propaganda”, también con la justificación de llevar a cabo un control oficial de los bulos y las fake news. Aquella propuesta nació muerta porque la propia alcaldesa supo ver que la iniciativa chocaba de frente con los principios esenciales de una democracia liberal representativa. El poder ejecutivo de una institución pública no debe convertirse en juez y parte a la vez, dictaminando sobre lo que es una verdad verdadera y lo que sería un hecho alternativo.
Las fake news practican el pishing emocional, cual flautista de Hamelín, para pescar entre la mayoría silenciosa de la ciudadanía, ya que los hooligans no son propensos a cambiar de opinión y los que racionalizan sus opciones electorales no las construyen a partir de ellas, ni tampoco de la verdad oficial.
Intentar neutralizar a las fake news mediante verdades oficiales emitidas desde una spin off del poder ejecutivo, las eleva en la práctica a la categoría de hechos alternativos, y dada la reserva de los ciudadanos a reconocer verdades oficiales, éstas generan estímulos emocionales adicionales que les ofrecen un plus de credibilidad.
Nadie duda de que las fake news se han convertido en un peligro no menor que socava los pilares mismos de una democracia, pero dejar sustancialmente en manos del área de comunicación de un ejecutivo público la solución sería como poner a la zorra a cuidar de las gallinas. En todo caso, debería ser el core de la política, el legislativo, el que ofreciera la mejor solución viable, nunca demediando los principios democráticos. Para neutralizar las campañas de desinformación procedentes del exterior, debería bastar y sobrar con el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, un organismo que, al menos en teoría, atiende a razones profesionales y no de índole político.
En el caso de los medios de comunicación, fuera cual fuera su línea editorial, la solución podría consistir en un obligado autocontrol de los mismos, a partir de un código deontológico ad hoc que limitara al máximo posible la publicación de noticias no suficientemente contrastadas.
En el paradigma de un mundo tecnologizado más allá de la mera digitalización, es inaplazable la actualización y el perfeccionamiento de la propia configuración de la acción política democrática. Esto implica sacar de hecho de las redes sociales generalistas la intercomunicación entre los ciudadanos y sus representantes políticos electos, o designados a través de estos, en las instituciones públicas, ya que las actuales redes son asaltables, troleables, susceptibles de ser usadas por robots, carecen de control permanente de fake news, no discriminan por circunscripciones electorales, etc.
Para ello, es imprescindible disponer de una plataforma específica para la comunicación directa y permanente entre los ciudadanos y sus concejales, alcaldes, diputados autonómicos y nacionales, senadores, europarlamentarios, consejeros y presidentes autonómicos, ministros y presidente del gobierno, autonómicos expulsando así a los intermediarios que suelen ser el origen de la mayoría de las fake news.
Una nueva generación de plataformas avanzadas y dedicadas, con formatos de comunicación diversos que atraigan también la participación de las nuevas generaciones, tales como el de la gamificación, daría plena satisfacción a la demanda ciudadana de poder acceder a sus representantes a lo largo de los periodos interelectorales y acabaría de raíz con el problema de las desinformaciones. Los datos volcados en dichas plataformas, deberían ser propiedad de los usuarios, tratados siempre de forma anónima y nunca monetizados por ninguna de las partes. Estaríamos entonces ante una estrategia esencialmente democrática para abordar el problema de las fake news, generando de hecho una inmunidad colectiva al eliminar los vectores a través los cuales se propaga ese virus.
Esperar que las redes sociales generalistas ofrezcan una solución estructural al tema de las fake news, lo sería en vano dado que eso iría en contra de su propio modelo de negocio, basado en la acumulación gratuita de datos y en su venta a terceros, así como en la intervención sobre la libre voluntad de los usuarios para moldear sus decisiones a partir de algoritmos predictivos.
España podría ser pionera en el mundo ya que, desde Andalucía, yKratos es una plataforma tecnológica dedicada que responde al perfil requerido, anteponiendo las personas a los algoritmos, garantizando la portabilidad de la comunicación y el debate político entre los ciudadanos y sus representantes políticos desde las actuales redes sociales generalistas, con promotores independientes y una proyección internacional del modelo hacia otros países democráticos.
EMILIO A. DÍAZ BERENGUER
CEO yKratos